La ley para evitar que se instalen en Castilla-La Mancha proyectos de extracción de gas mediante la técnica del fracking tendrá carácter retroactivo y afectará a las iniciativas que ya han comenzado su recorrido en la Comunidad Autónoma, y será una medida que se basará en poner todas las trabas burocráticas posibles para que las empresas desistan de intentar instalarse en la región.
Según informa Europa Press, esta medida afectará a tres proyectos en Castilla-La Mancha, dos de ellos autorizados por el anterior Ejecutivo autonómico y otro más por el Gobierno estatal.
De esta manera, los proyectos deberán ir acompañados de estudio geológico atendiendo a la calidad de aire, del agua, presencia de metano, usos del suelo y biodiversidad del mismo que podría verse afectada.
También, el operador deberá garantizar un diseño y construcción adecuada y pruebas de integridad que deberán de ser evaluadas por un tercero independiente, así como un informe de seguridad ambiental.
Deberán hacerse cargo de la clausura del pozo para evitar derrames, presentar planes de gestión detallando la procedencia de recursos hídricos e incluir impacto acústico y estudio de sismología.
Además, la Junta podrá solicitar una evaluación de impacto de salud que cubra las condiciones de la utilización y las responsabilidades potenciales de cualquier tipo de daño.
